Los nuevos ministros de Defensa e Interior designados por el presidente Martín Vizcarra serían la expresión de una política de continuidad en la línea que estableció en sus últimos meses de gestión PPK. El saliente mandatario se decidió al final de su renunciado mandato por tener titulares procedentes de las FFAA y PNP, respectivamente. Pese a que PPK apostó inicialmente, desde el 2016, por la conducción civil de ambos sectores (Mariano Gonzales y Jorge Nieto por un lado, y Carlos Basombrío por el otro) con las designaciones de Jorge Kisic (general FAP en retiro) en Defensa y Vicente Romero Fernández (general PNP en retiro) en Interior se produjo un ricorsi que hizo recordar los tiempos de Alejandro Toledo, primero con la designación de civiles al frente del Mindef (David Waisman y Aurelio Loret de Mola) y luego con ministros militares (Marciano Rengifo y Roberto Chiabra).
Recordamos que en el pasado hubo, con Paniagua y Toledo, tras la caída del fujimorismo en año 2000, la idea de introducir un profundo cambio institucional en las Fuerzas Armadas luego del papel ejercido por estas durante los años noventa. Por aquel entonces, 2001-2006, proliferaron todo tipo de informes, diagnósticos, estudios y pronunciamientos que fueron cayendo poco a poco en letra muerta, en la línea de redefinir el rol de los institutos castrenses y el papel de los militares en democracia entrado el siglo XXI. En esa dirección es que fue promovida la frustrada idea de aplicar en el Perú los modelos de conducción de defensa de España (1982), Argentina (1983) y Chile (1990); todas aquellas experiencias tenían como denominador común el fin de regímenes militares, el retorno a la democracia y la pérdida de la autonomía castrense en modo de total subordinación al poder constituido.
Desde un punto de vista histórico, el Ministerio de Defensa fue creado en 1987 por el gobierno de Alan García (unificando los antiguos ministerios de Guerra, Marina y Aeronáutica) y hasta el 2000 los ministros de Defensa eran exclusivamente generales del Ejército en actividad. Entre 1990 y el año 2000 los ministros del Interior eran militares. Uno podría pensar que tales circunstancias estaban condicionadas a la intensidad que significaba el fenómeno subversivo existente en esos momentos (del PCP-SL y del MRTA) pero el 5 de abril de 1992 mostraba otra, y muy diferente, realidad: nacía una clara alianza entre la Fuerza Armada y el poder político de turno.
Así entonces nos preguntamos hoy como concepto estratégico ¿el gobierno de Martín Vizcarra optará por una low profile y cómoda política delegativa de Defensa?... ¿será la idea transferir la total responsabilidad de conducción del sector únicamente a estamentos militares?
Con tales antecedentes cabe preguntarnos qué prioridades inmediatas asumirá hoy el sector Defensa acorde con su actual perfil, pues es conocido que, desde las Fuerzas Armadas, hay tres preocupaciones corporativas o propias, muy notorias y precisas, que podrían influenciar en la elaboración de una agenda u hoja de ruta inmediata de trabajo: a) el régimen pensionario de las Fuerzas Armadas, b) los juicios por violaciones a los derechos humanos en tiempos de contrasubversión entablados contra muchos de sus miembros y c) la compra de armas para recuperar capacidades operativas pérdidas en los últimos 25 años.
Sin embargo, existen temas no menos importantes que no deben dejar de considerarse, tal como lo es el caso del VRAEM, y los resultados tangibles luego de más de 10 años de permanencia de militares, y policías, en la zona. Respecto del fenómeno climático que azotó al país el 2017 ¿se impartirán nuevas directivas para que los militares colaboren con mayor intensidad y protagonismo en los desastres naturales? (Indeci está actualmente dentro del sector Defensa). ¿Las tradicionales tareas de acción cívica y apoyo al desarrollo en zonas menos favorecidas adquirirán mayor protagonismo?
En la lucha e interdicción antidrogas, ¿se considerará una mayor participación activa del sector en un contexto de oposición y falta de cooperación de Estados Unidos a la realización de vuelos de interceptación de narcoavionetas? El Perú no es México o Colombia, aquí no habrá Plan Mérida o Plan Colombia, respectivamente. ¿Optaremos por un Ejército policializado, como el actual de Brasil en las favelas, inserto en tareas de seguridad ciudadana?, en donde, para dichos efectos, el presidente Temer tuvo que nombrar a un ministro de Defensa de perfil general de Ejército. En otro ángulo, ¿cómo se encuentra la educación militar en todos sus niveles de las Fuerzas Armadas? ¿Se considerará en coordinación y voluntad con el MEF una mayor atención presupuestal para las exigencias de Defensa? Son preguntas que vale la pena plantearse.
Respecto a la reciente difusión de dos videos del nuevo ministro de Defensa, uno firmando lo que algunos militares llaman “lista de asistencia” y otros segmentos “Acta de sujeción”, así como de la celebración de un cumpleaños del exasesor de inteligencia Vladimiro Montesinos en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional a fines de la década de los noventa, e independiente de lo polémico que resulta el fondo del asunto, el error cometido por José Huerta fue no haber informado preventivamente de tales existencias a las nuevas autoridades políticas que procedieron a su designación, para no colocar en incomodidad al nuevo presidente del Consejo de Ministros, que se vio sorprendido ante el requerimiento de la periodista Milagros Leiva, respondiendo que no tenía conocimiento de tal información. En tal contexto, algunos señalaron, socarronamente, que era más bien una falla evidente de Inteligencia, que en el pasado se habría encargado de fisgonear todos los antecedentes de los candidatos proyectados para asumir cargos públicos de alto nivel, bajo la clásica modalidad de elaboración de una completa y detallada “ficha de investigación básica”.
También señalamos que ya se tendría elaborado un segundo y nuevo libro “blanco” (white paper) de la defensa nacional, documento que establece los lineamientos, percepciones y orientaciones de la política de defensa nacional, el que habrá que analizar y desbrozar detenidamente al momento de su publicación.
Finalmente, respecto de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), nos reafirmamos en la necesaria continuidad institucional del sector, independientemente de su jefatura, teniendo como ejes principales la elaboración del Plan de Carrera de Inteligencia, para darle la necesaria estabilidad a sus integrantes, y la permanente actualización en lo referido a la formación y capacitación. El Sistema de Inteligencia Nacional (SINA), desde el año 2000 ha exhibido un nocivo sobresalto legislativo: tres leyes reguladoras (2001, 2006 y 2012), dos comisiones de reformas (2004 y 2005), y actualmente ya son tres los proyectos de ley en el Congreso que han introducido, y pretenden introducir, modificaciones a su marco normativo actual, el Decreto Legislativo N° 1141 de 2012.
(Foto: Andina)
