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Políticas de inteligencia en tiempos de Martín Vizcarra

“Debo confesar que soy instintivamente escéptico cuando los presidentes citan ´informes de inteligencia´, porque a veces estos están escritos por expertos en desinformación”

Andrés Oppenheimer / ¿Rumbo a una nueva Cuba? Sección Opinión, “El Comercio”. Lunes 30 de abril de 2018

Publicado: 2018-05-11


Luego de sobresaltadas políticas de inteligencia implementadas tras la caída del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que han cumplido 18 años desde el año 2000, poco se sabe del rumbo que ha tomado la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) desde el 23 de marzo pasado.  

Con viceministerios aún vacantes en las carteras de Defensa (Viceministerio de Políticas para la Defensa - VICEDEP) e Interior (Viceministerio de Orden Interno - VOI), con una lentitud nociva en materia de remociones y designaciones para el sector seguridad (como los gabinetes asesores y órganos de línea), y poca fortuna, o silencios sepulcrales, en materia declarativa por los ministros en funciones designados, también se pregunta si es que la DINI prosigue realizando o no aquella añeja y tradicional tarea de “contrastar” los antecedentes de los potenciales candidatos de las ternas para asumir determinados cargos públicos, con objeto de evitar eventuales sorpresas que compliquen políticamente al Ejecutivo. Tal fue el caso del nuevo ministro de Defensa y su firma en el Acta de “sujeción” (¿o lista de asistencia?) y el vladivideo del cumpleaños de Vladimiro Montesinos de 1999, temas que, inicialmente, descolocaron al presidente del Consejo de Ministros en una entrevista televisada con Milagros Leyva al señalar que no tenía conocimiento de tales hechos.

Como es sabido, con la caída del régimen de Alberto Fujimori cayó el SIN fundado en 1960 por el presidente Manuel Prado. Con Valentín Paniagua y Alejandro Toledo (2001-2006) se creó una efímera entidad, el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) (entre los años 2001 a 2006), plagada de escándalos, inoperancia, fugas de información y desprofesionalización evidente. Parte de su triste historial fue haber ostentado la plusmarca de nada menos que ocho jefes (Juan Campos Luque, Alfonso Panizo, Juan Velit, Fernando Rospigliosi, César Almeyda, Ricardo Arboccó, Daniel Mora y Julio Raygada).

En el año 2006 fue creada la nueva DINI, la que durante el gobierno de Alan García tuvo dos jefaturas. El proceso de reconstrucción de la magullada inteligencia peruana fue precario: dos flagrantes casos de espionaje chileno en pleno contencioso judicial en La Haya, fugas y mercados emergentes de información clasificada, tercerización privada de inteligencia, como el caso BTR y otros menos sonoros. El corolario fue Ollanta Humala con una nueva situación de crisis suscitada el año 2015 que determinó la prohibición para que la DINI realice tareas operativas.

La actividad de inteligencia tiene por su propia naturaleza una relación ríspida con la democracia y el estado de derecho, pues sus actividades de búsqueda de información, por medios intrusivos, frisan los derechos fundamentales de los ciudadanos, quizás por eso es que durante el gobierno de PPK de lo poco que se supo mediante la “doctrina Zavala” (del primer PCM Fernando Zavala) fue que la DINI no ejecutaría procesos de colección de información con medios propios y que se dedicaría a elaborar productos de inteligencia en el “nivel estratégico”.

Interesante es ver el perfil de los últimos tres jefes de la DINI en dos gobiernos sucesivos, Humala y PPK: Víctor Gómez Rodríguez, Javier Briceño Carpio y Guillermo Fajardo Cama, todos militares o policías en retiro con expertise y cantera proveniente de grandes empresas dedicadas a la actividad minera extractiva, y epicentro en la conflictividad social que la rodea. Pero aún no sabemos el rumbo que tomará la DINI en la flamante administración Vizcarra, tanto en el perfil de su jefatura como en el que se pretendería para la DINI, en un contexto de indicadores de presencia de grupos violentistas disidentes de las FARC en nuestra frontera nororiental (Putumayo, triple frontera Perú-Colombia-Brasil), como en el caso de Ecuador, de excarcelaciones de mandos terroristas de Sendero Luminoso y actividad de nuevas organizaciones de fachada adaptadas al siglo XXI (Movadef, Fudepp), del narcotráfico y crimen organizado, la inconclusa e híbrida situación en el VRAEM (se cumplen 11 años de fuerte presencia militar y policial allí); una nueva correlación de fuerzas entre países de América del Sur, creciente presencia económica y comercial de China Popular en el país y la región, entre otros tantos aspectos.

Desde el Congreso de la República, por intermedio de su Comisión de Inteligencia, la labor legislativa, desde agosto de 2016, se centró en aprobar hasta tres proyectos de ley para parchar su marco normativo vigente; el Decreto Legislativo N° 1141 de 2012. Inicialmente, la idea era modificar la normativa de acuerdo a la “doctrina Zavala”, pero el devenir del tiempo hizo recular la idea, con la segunda PCM, y trata de devolverle a la DINI esas facultades operacionales perdidas, y limitadas, desde el año 2015, tras la última crisis de inteligencia. A eso apuntaría el último y más reciente esfuerzo legislativo.

Para finalizar, el problema peruano no escapa a la región: en Argentina hasta el jefe de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas estuvo salpicado por el caso Odebrecht. En Ecuador, el presidente Lenín Moreno desactivó recientemente la Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain), creada y propulsada por su antecesor Rafael Correa el 2009, por la desconfianza que le generaba la entidad y a la opinión pública, pues la Senain fue objeto de frecuentes denuncias periodísticas que motivaron purgas masivas de personal y funcionarios de inteligencia cesados engrosando el desempleo, mientras que en Chile el flamante presidente Sebastián Piñera decidió darle hace muy poco un vuelco total a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) creada el 2004, a la que no percibe como una entidad eficiente e idónea para cumplir con sus funciones. Cualquier similitud, es mera coincidencia.

Colofón

Hace relativamente poco fallecieron, casi consecutivamente, dos personajes claves, ambos civiles, de la historia de la inteligencia peruana: Francisco “Paco” Loayza Galván y Rafael “Rafa”, “brujo” Merino Bartet, ambos coincidieron en el precursor Comité de Asesoramiento del primer ministro (COAPRIM) de los generales Edgardo Mercado Jarrín y Jorge Fernández Maldonado, entre los años 1973 a 1975 en pleno gobierno militar velasquista. Luego, Loayza se incorporaría en la segunda fase del gobierno militar, de Morales Bermúdez, al SIN, bajo la jefatura del también recientemente fallecido general Juan Schroth Carlín, Merino haría lo propio reinstaurada la democracia en 1980. Ambos trabajaron juntos en el SIN de los años ochenta, con Fernando Belaunde y Alan García en el poder, en el Comité de Asesores, COA-SIN, tomando para los noventa caminos muy diferentes: Loayza rompió con Montesinos tras una pugna de poder por asumir protagonismo con Alberto Fujimori y Merino quedaría en el SIN durante toda la década 1990-2000, cesando su actividad tras la caída del régimen. ¿Queda algo bueno que recordar de inteligencia en el Perú?


Escrito por

Andrés Gómez de la Torre Rotta

Especialista en temas de Inteligencia y Seguridad Nacional


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